Kirguistán, oficialmente como República
de Kirguistán, es un país montañoso de Asia central, sin salida al mar y
que comparte fronteras con la República Popular China, Kazajistán, Tayikistán y
Uzbekistán. Su capital y ciudad más poblada es Biskek.
A pesar de la lucha de Kirguistán
para la estabilización política de los conflictos étnicos, las revueltas, los
problemas económicos, los gobiernos de transición y los conflictos de los
partidos políticos, mantiene una república parlamentaria unitaria. Una
revolución en abril de 2010 dio lugar a la adopción de una nueva constitución y
el nombramiento de un nuevo gobierno interino.
El idioma nacional, kirguís, está
estrechamente relacionada con las otras lenguas turcas, con las que comparte
fuertes lazos culturales e históricos. Kirguistán es uno de los miembros
activos del Consejo turco y la comunidad TÜRKSOY. Kirguistán es, también,
miembro de la Organización de Cooperación de Shanghai, la Comunidad de Estados
Independientes, la Comunidad Económica de Eurasia, el movimiento de Países No
Alineados y la Organización de Cooperación Islámica. El 8 de mayo de 2015, se
incorporó como país miembro de pleno derecho a la Unión Económica Euroasiática
junto con Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia.
Kirguistán es una república
democrática de carácter laico, según lo descrito desde la Constitución de 1993.
El 27 de junio de 2010 se aprobó
un referéndum que incluía una serie de cambios importantes en la estructura
política del país. De acuerdo a la nueva Constitución aprobada, se establece un
sistema de balances entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Presidente inéditos
en la región de Asia Central.
De esta manera, el poder
legislativo descansa en un parlamento, compuesto por una única cámara de 120
diputados. Mediante la reforma se estableció que ningún partido pudiera
controlar más de 65 escaños, con la intención de evitar mayorías absolutas que
dejen inoperantes al resto de partidos. Al contrario, se aseguran algunos
derechos a los partidos minoritarios, como la presidencia de los comités de
presupuesto y asuntos legales. Asimismo, se incluyen limitaciones a la
inmunidad de los diputados.
El poder ejecutivo corresponde al
Primer Ministro y su gobierno. Desde la reforma de 2010, el gobierno mantiene
gran parte de las atribuciones ejecutivas, aunque muchas de ellas tienen que
ser aprobadas previamente por el parlamento.
La figura del presidente es la
que más recortes ha sufrido con la reforma constitucional. Sigue manteniendo el
papel de Jefe del Estado, con prerrogativas sobre el ejército y los organismos
de seguridad estatal. Pero, por ejemplo, sus mandatos se han reducido a sólo
uno de seis años de duración, y el parlamento ejerce un mayor control sobre su
figura.
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